Reto 1

 

Hola a todos

Soy funcionaria del Tribunal de Cuentas, trabajo en el departamento de Entidades Locales.

El Tribunal de Cuentas, con la finalidad de facilitar la información sobre su actividad que pueda ser de interés para los ciudadanos, ha creado en su página web un "portal de la Transparencia", poniendo a disposición de todos, de una forma centralizada, toda la información sujeta a la obligación de publicidad activa, prevista en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras adicionales que se han considerado de especial relevancia.

La Ley 19/2013, establece también el derecho a la información pública, sus límites y la forma de ejercerlos. Este derecho se ejerce conforme al procedimiento previsto en el Acuerdo del Pleno, de 27 de noviembre de 2014, sobre el accedo a la información pública que obre en poder del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal por mandato constitucional (art 136 de la LCSP) tiene encomendada dos funciones: Fiscalización y Enjuiciamiento.

La fiscalización comprende un conjunto de actuaciones, de conformidad con su ley orgánica, que en mayo cumplió 40 años y la de funcionamiento posterior, para comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, así como. en su caso, otros de buena gestión.

El Gobierno Abierto esta incluido dentro de las actuaciones de la buena gestión que el Tribunal de Cuentas puede y debe fiscalizar.

Me gustaría destacar que en enero del 2021 el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno de las entidades locales, en el que participé.

Dicho informe ha tenido como principal objetivo verificar el cumplimiento de la Ley 19/2013, en lo referente a la normativa sobre la publicidad activa, así como la aplicación del régimen sancionador en materia de gestión económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre el buen gobierno. No se ha incluido en la fiscalización el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Se ha realizado verificaciones sobre más de 2.000 entidades, tanto principales como dependiente, incluyendo la totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas así como aquellas entidades que no habían rendido la cuenta general, al ser este incumplimiento una infracción muy grave tipificada en la ley.

En el informe se formulan varias recomendaciones encaminadas, principalmente ,a la implantación de portales de transparencia para mejorar el acceso a la información, de forma que esta sea presentada de una forma más clara, estructurada y entendible, así como a su actualización con carácter recurrente, la dotación de medios personales y materiales para el cumplimiento de los objetivos de transparencia, proponer la asistencia de las entidades de menor tamaño por las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y otros ...

Finalmente, señalar que en el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para este ejercicio 2022 ha incluido la aprobación de una Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre al marco institucional de las entidades locales.